Los presos póliticos Saharawis a cadena perpétua.
Cuatro abogados marroquíes han declarado
a la Radio Maizirat en Rabat, ante el Tribunal Militar que juzga a 24
presos políticos y activistas de derechos humanos saharauis del
campamento Gdeim Izik, que este juicio militar a civiles saharauis es un
atentado contra la constitución y contra las leyes. También consideran
que presentar civiles ante un tribunal militar no es válido y demuestra
que la justicia ordinaria marroquí del gobierno de Ben Kiran no puede
desempeñar su papel.
Los abogados marroquíes consideran que
este juicio hace retroceder a Marruecos en materia de derechos humanos y
lo sitúa a nivel internacional en la peor escala en el respeto a los
derechos humanos.
Con esta apreciación coincide Willy
Meyer, responsable de política internacional y eurodiputado de Izquierda
Unida, quien llamó el pasado 8 de febrero a todas las organizaciones
políticas y sociales de la comunidad internacional para que exijan la
puesta en libertad de los activistas saharauis y “se ponga fin a una
pantomima organizada por el régimen marroquí, fuerza militar ocupante
del Sahara Occidental.
Según una nota de prensa de Izquierda Unida, Willy Meyer, quien se
trasladó a Rabat desde Estrasburgo junto al eurodiputado del grupo
socialista Antonio Masip para asistir al juicio militar, se entrevistó
con las familias de los presos para manifestarles su solidaridad e
informarles de una resolución sobre derechos humanos en el Sahara
Occidental aprobada por el Parlamento Europeo.
En la madrugada de ayer se hallaba un helicóptero cargado de 300k de hachís en un prado de la localidad de pilas.
"Después de haber examinado ante
Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que mis
fuerzas, debido a mi avanzada edad, no se adecúan por más tiempo al
ejercicio de mi Ministerio", ha anunciado ante el consistorio
para la canonización de los mártires de Otranto.
A medianoche de ayer terminaba el plazo para que Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres depositaran la fianza impuesta por el juez por las posibles responsabilidades pecuniarias del caso Nòos. En consecuencia, el juzgado puede ahora iniciar el proceso conocido como "apremio" y poner en marcha los trámites para proceder al embargo de sus bienes hasta cubrir los casi 8,2 millones de euros. El Duque de Palma acusó al juez de imponerle una fianza que en el caso de ser abonada le llevaría a un "injusto empobrecimiento". Sin embargo, los inmuebles que poseen los Duques de Palma hacen dudar al juez de las palabras de Urdangarin.